En el capitalismo solo se planifica la economía para usarla como herramienta de enriquecimiento pero a la población, a los campesinos y obreros, si no resultan útiles para tal enriquecimiento, los eliminan planificando cuantos de ellos han de quedar. En la década de 1990, el régimen de Alberto Fujimori practicó una operación de exterminio racial con las comunidades quechuas de las zonas más alejadas del país por medio de la esterilización forzosa. Con unos métodos que recuerdan bastante a las teorías de la eugenésia, que fueron en su día parte de la ideología del III Reich, se sometió a centenares de miles de mujeres a operaciones de ligadura de trompas amenazándolas con multas y prisión.
Algunas feministas de boquilla suelen alegrarse porque haya presidentas mujeres gobernando países sin importar la orientación política de las mismas. A todas ellas quisiera yo hacerles saber que muchos de los implicados en esta violación sistemática de los derechos de la mujer, fueron personas muy cercanas a Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori y candidata a presidenta del Perú y perdedora, afortunadamente, frente a Ollanta Humala en las elecciones de 2011.
Muchas habrán dicho aquello de que si es mujer luchará por las mujeres. Bueno, yo se de muchos judíos que colaboraron con los nazis, muchos franceses que colaboraron con la ocupación nazi y muchos negros que trabajaron para el régimen racista sudafricano. Así pues no se porqué el género y las gónadas van a influir en el comportamiento moral y político de un ser humano.
A continuación la noticia.
El pasado 26 de octubre, el Estado peruano publicó la resolución de la Fiscalía de la Nación que dispone la reapertura de las investigaciones por la esterilización forzada de miles de mujeres durante el gobierno de Alberto Fujimori. La noticia se dio a conocer en una reunión de trabajo celebrada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre el Gobierno peruano, las representantes de María Mamérita Mestanza -víctima de esterilización forzada- y miembros de la Comisión. Se reconoció, además, que estos hechos constituyeron delitos de lesa humanidad.
Las organizaciones feministas han saludado la decisión y pedido a las autoridades que “dispongan de los recursos económicos, humanos y técnicos, a fin de que las investigaciones sean efectivas, dado que estos hechos fueron una práctica sistemática y generalizada que violentó los derechos de las mujeres, especialmente las más pobres del Perú”, citan en un comunicado de prensa. Lo primero que piden es un registro de los casos que permita cifrar cuántas de las alrededor de 300.000 mujeres que se sometieron a la ligadura de trompas lo hicieron mal informadas, obligadas o coaccionadas. Hasta el momento se han denunciado 2.074 casos, incluidos los de 18 mujeres muertas por complicaciones en la intervención quirúrgica.
Alberto Fujimori, actualmente preso en Lima por crímenes contra la humanidad, promovió la aplicación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, financiado con fondos de la Ayuda Oficial al Desarrollo de Estados Unidos (USA Aid) entre los años 1996 y 2000. Amparada en el discurso de reducir la pobreza y de fomentar la autonomía de las mujeres, esta política constituyó una violación de derechos humanos desde el Estado.
Las víctimas exigen justicia
Mamérita Mestanza, campesina indígena de 33 años, vivía con su esposo y sus siete hijos en Cajamarca. Fue presionada para esterilizarse. Le dijeron que existía una ley que ordenaba el encarcelamiento y el pago de una multa a quien tuviera más de cinco hijos. Los funcionarios del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar del Gobierno de Fujimori la visitaron de forma intimidatoria más de diez veces. Finalmente, Mamérita Mestanza accedió a la ligadura de trompas sin ser informada sobre las consecuencias y riesgos. En marzo de 1998 se sometió a la operación y ocho días después falleció a consecuencia de una infección posoperatoria. Solicitó atención médica en más de cinco ocasiones. Nunca se la dieron.
Sabina Willca cuenta que el médico que la cosió dijo que habían terminado. “Ya me malogró, pensé, y me puse a llorar. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer porque a mí me esterilizaron a la fuerza y hasta hoy sufro las consecuencias. Es imposible que lo olvide”.
A L.V.C.H., migrante andina quechuahablante afincada en la zona periférica de Lima, la convencieron para realizarse la ligadura, pero al llegar al centro de salud vio sangrar a otra paciente y se negó a someterse a la intervención. La llevaron a la fuerza a la sala de operaciones amarrada a la camilla. La operaron sin anestesia y se desmayó.
Un hombre en Huancavelica cuenta que le dijeron: “Tenemos que operar a tu mujer, si no te metemos preso”. Les subieron a un camión y la intervinieron. Hace apenas dos años descubrieron por las noticias que no era obligatorio, que aquello fue un engaño.
Son cuatro de los alrededor de 300.000 casos de esterilizaciones realizadas durante la época fujimorista. Nadie informó a esas mujeres, nadie les pidió su consentimiento. Después de 15 años de impunidad, se abre la posibilidad de ser reparadas.
Rossy Salazar, responsable de la línea legal de la organización feminista peruana DEMUS, explica que “las mujeres fueron sometidas a intervenciones quirúrgicas para esterilizarlas contra su voluntad o siendo mal informadas; muchas quechuahablantes fueron obligadas a firmar consentimientos que ni siquiera comprendían y, además, las intervenciones fueron hechas en pésimas condiciones de salubridad.”
El caso de Mamérita Mestanza fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el Estado peruano suscribió un acuerdo de solución amistosa en la que reconoció haber violado los derechos de esta mujer y se comprometió a investigar y sancionar lo ocurrido, además de reparar a sus familiares y brindar justicia. “Esos compromisos no se han cumplido del todo. Sus hijos no han tenido acceso a la educación, como se prometió, y no se atreven a acudir a su centro de salud porque son maltratados. Además, los culpables siguen ejerciendo y los máximos responsables siguen en el Congreso”, señala Salazar. No ha habido justicia ni reparación para el resto de víctimas.
“No denunciaron por miedo”
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) llevó a cabo las primeras investigaciones en 1997. Basándose en los informes realizados en el Congreso sobre los hechos recogidos en la época, la Fiscalía de Derechos Humanos inició una investigación por 2.073 casos que se habían reportado. De estas, 18 habían fallecido y las demás arrastraban dolorosas secuelas físicas o psicológicas. Los acusados eran los tres ministros de Salud del régimen fujimorista: Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong y Marino Costa Bauer. En 2009 el caso fue archivado, “y los que entonces eran ministros de Sanidad son ahora congresistas, voceros o consejeros por Fuerza 2011, partido que encabeza Keiko Fujimori”, lamenta la responsable legal de DEMUS. Según víctimas y organizaciones, la cifra puede ser mucho mayor. “Muchas mujeres no denunciaron nunca por condicionamientos sociales. Otras desconocían que podían negarse, creyeron que era obligatorio. Hasta ahora no se ha investigado nada”, abunda.
Gaby Cevasco, directora del centro de la mujer peruano Flora Tristán, coincide en que la justicia es el mejor antídoto frente a posibles réplicas de estos crímenes en el futuro. “No solo es una retribución para las mujeres víctimas, sino que tiene un impacto simbólico en la sociedad y en todas las instancias del sistema de justicia”. La feminista asegura que “Humala tiene una deuda con las mujeres”: “Reabrimos el debate público sobre las esterilizaciones a raíz de las declaraciones de un representante del movimiento de Keiko Fujimori, que demostraban su insensibilidad ante estos crímenes. Por su parte, la vocera de Gana Perú [el partido en el Gobierno], Aída García Naranjo, hoy ministra de la Mujer, sumó este tema a su agenda. No tengo duda que la fuerte campaña que hicimos las feministas influyó en la ajustada victoria de Humala. Muchas simpatizantes de Keiko reorientaron su voto”.
Las ferias de la esterilización
Los informes demuestran una larga lista de atropellos ligados a esta política. Se vulneraron el derecho a decidir, el derecho a la autonomía, la libertad, la integridad, el derecho a la libre información, el derecho a la vida, al cuerpo, a la salud, el derecho a acceso a la justicia y reparación… Según DEMUS, hay pruebas que determinan que el personal médico sufrió presiones para cumplir una serie de metas. “Existen informes enviados al propio presidente Fujimori sobre toda la política de anticoncepción, documentos que demuestran que se obligó al personal médico a través de premios o castigos por no cumplir las cuotas establecidas”, informa Salazar.
Los informes recogen el caso de una enfermera que, asustada porque no llegaba a las tres esterilizaciones que le pedía la cuota, se operó para no perder su trabajo. Aún asi fue despedida, porque ella no era el público objetivo al que se dirigía esa política pública.
El sociólogo peruano Miguel Ángel Cuba explica que estas esterilizaciones se llevaron a cabo en el contexto de “un mundo campesino, patriarcal y machista en el que la mujer está vinculada a la naturaleza y, por ello, a la maternidad”. “Su estatus se ligaba a la procreación: perdido este poder, perdieron su estatus. Desde la cosmovisión andina, la ausencia de fertilidad es un estigma, algo terrible y doloroso que les despoja incluso de su condición de mujer. Lo que les hicieron fue terrible y una tragedia psicológica para muchas”. Desde su punto de vista, estas esterilizaciones eran “la expresión de un racismo estructural”: “Todavía hay gente que piensa que les hicieron un favor porque eran pobres. Esto es aún más terrible”.
Según la responsable legal de DEMUS, ya existía una discriminación profunda hacia las quechuahablantes y las indígenas. “El Gobierno decidió hacer lo más práctico. Estas mujeres carecen de acceso a mecanismos de planificación familiar. No hay siquiera preservativos en sus postas médicas. Muchas mujeres de la sierra quieren controlar su maternidad pero no tienen las condiciones necesarias”, explica.
Aunque esta política pública se llevo a cabo en todo el país, se focalizó sobre todo en las zonas rurales, alto andinas, en la selva y en los cerros, zonas empobrecidas del país. “Se llegaron a organizar ferias de anticoncepción quirúrgica voluntaria en las regiones más desfavorecidas para esterilizar a un público objetivo concreto”. Pero también se practicó a mujeres educadas de áreas urbanas, como Victoria Vigo, actual portavoz de las víctimas de esterilizaciones forzosas.
Los periódicos citan indicios de que fue una política pública, hay papeles firmados, hay cartas sobre cuotas, carteles que lo demuestran, testimonios de personal médico…. Cevasco añade que existen indicios de que se entregaron alimentos a las mujeres a cambio de que se esterilizasen. Con todas las pruebas sobre la mesa, las organizaciones feministas exigen con firmeza que se haga justicia y miran con esperanza la reapertura del caso, un primer paso en un proceso de reparación que alivie el dolor de las víctimas y siente las bases legales para que nunca se vuelva a repetir.
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